Universidad estrena Órgano del Procedimiento de Instrucción Disciplinaria: O.P.I.

Acuerdos logrados en la última Convención Colectiva promoverán la celeridad de los procedimientos disciplinarios, esto gracias al establecimiento de plazos definidos tanto para la instrucción por parte del Órgano del Procedimiento de Instrucción (O.P.I.) como para la emisión de la Resolución recomendativa por parte de la Junta de Relaciones Laborales dirigido a quien ostenta la potestad disciplinaria.

El O.P.I. se encargará de la instrucción de los procedimientos administrativos disciplinarios remitidos por la Junta de Relaciones Laborales (JRL) que se abran para investigar posibles faltas atribuidas al personal administrativo y docente interino.

Durante el procedimiento, el O.P.I. emitirá criterio sobre la admisibilidad de los casos, recibirá las pruebas y fundamentos, y remitirá un informe técnico jurídico a la JRL, para que esta rinda la recomendación del caso a quien ostente la potestad disciplinaria.

El Órgano se encuentra compuesto por tres profesionales en Derecho con amplia experiencia tanto en materia laboral como en materia administrativa disciplinaria. Además cuentan con experiencia y certificaciones emitidas por el Colegio de Abogados de Costa Rica, por el Ministerio de Justicia y Paz y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como Mediadores, Conciliadores y en Arbitraje Laboral, cumpliendo con los principios orientadores del quehacer universitario.

Los miembros del O.P.I., aseguraron que el procedimiento se centrará en la evidencia y la búsqueda de la verdad real de los hechos, garantizando la imparcialidad y objetividad a las partes durante el proceso.

El proceso

El proceso inicia cuando la jefatura con potestad sancionatoria solicita la apertura de un procedimiento disciplinario, mediante un escrito remitido a la JRL, la que a su vez envía el expediente al O.P.I. dentro de los siguientes dos días hábiles.

En el Órgano, los miembros inician la fase de instrucción con el análisis de admisibilidad, la notificación de prevenciones y posteriormente la emisión de un Auto de Apertura para que, en un plazo no inferior a 15 días, los investigados puedan ejercer su derecho de defensa mediante una audiencia oral y privada, en la que podrán exponer sus argumentos pruebas de descargo y conclusiones.

Finalizada la audiencia, el O.P.I. dispone de un plazo de un mes para emitir el informe de instrucción ante la JRL.

Garantías del proceso

El O.P.I. cuenta con autonomía funcional, y sus actuaciones buscan siempre garantizar el acceso equitativo a la justicia para las partes rigiéndose bajo los principios de legalidad y del debido proceso, siendo su principal función determinar los hechos que se tengan por probados de forma indubitable.

“Uno de nuestros pilares de trabajo es garantizar el debido proceso de las partes, en un proceso ágil y eficiente”, indicaron los miembros del O.P.I.

El O.P.I. tienen como objetivo ayudar a la comunidad universitaria para que conozcan los procedimientos y las acciones que tienen disponibles para la defensa de sus intereses.

“Parte de nuestra misión como O.P.I. es orientar y colaborar con la comunidad universitaria en el correcto desarrollo de los procedimientos administrativos”, aseveraron los miembros del Órgano.

Un clima de convivencia

La resolución alternativa de conflictos busca la  comunicación entre las partes de manera que ellas mismas lleguen a un acuerdo y logren  la solución más favorable para los intervinientes.

Los miembros del O.P.I buscan aportar una  oportunidad de conciliación entre partes como etapa previa al procedimiento en concordancia con lo que dispone el Estatuto Orgánico de la UCR.

Esta  oportunidad permitirá reconstruir la armonía social, terminar algunos procesos de manera más rápida y eficiente, protegiendo las relaciones laborales entre partes. Además, esta etapa previa podría representar un ahorro institucional en la administración de la potestad sancionatoria.

Por otro lado, los miembros del O.P.I. esperan que esta opción tenga un efecto mayor de integración de la comunidad universitaria a largo plazo, y que pueda contribuir a un clima de mayor inclusividad, armonía, y tolerancia entre la comunidad universitaria.

Finalmente, tanto la opción de resolución alterna de conflictos como con la reducción de plazos de los procedimientos contribuirá  al fortalecimiento de  la comunidad universitaria.